“Nosotros tenemos una economía social de libre mercado que está consagrada en el artículo 59 de la Constitución. El mandato constitucional es que todos seamos ricos. Existe lo que se llama libre mercado. Aquí no hay regulación de precios. Y si (varias clínicas) se ponen de acuerdo en que un medicamento cuesta 10 soles, yo nada puedo hacer. Ni yo ni el presidente de la República ni el presidente de la Corte Suprema. Aquí hay libre mercado”. 

Quien afirma esto es la médico Flor de María Philipps, superintendente de la Superintendencia de Salud (Susalud), en una polémica entrevista dada a Ojo Público (17 jun. 2015). Esta superintendencia es la encargada de fiscalizar y sancionar los abusos contra los pacientes, sean estos de establecimientos públicos o privados.

La doctora Philipps ha sido gerente de Pacífico Seguros y Pacífico Salud EPS, directora médica de la clínica Ricardo Palma y gerente administrativa del complejo hospitalario San Pablo, “justamente el grupo al que luego le tocaría supervisar por la muerte de los recién nacidos debido a malas prácticas”.

También, según esta misma fuente, Flor Philipps participó como representante del sector privado en los grupos de trabajo que discutieron con el sector público las primeras reformas de salud. Se podría decir que el caso de la superintendente de salud es el típico ejemplo de la llamada “puerta giratoria”. Es decir, trabaja para el sector privado y como representante de dicho sector discute con el Estado las nuevas normas y luego se traslada al Estado para dirigir el organismo que supuestamente fiscalizará a los privados.

Por eso no nos debe extrañar lo afirmado por la funcionaria respecto a que la salud se rige por el libre mercado. Es tal su ideología neoliberal y privatista que no solo comete equivocaciones como decir que

“si un grupo de empresas se ponen de acuerdo en fijar un precio determinado a los medicamentos, el Estado nada puede hacer (ya que). Aquí hay libre mercado”

porque olvida que ello está prohibido en el país ya que se trata de un abuso de dominio y de concertación de precios; también agrega disparates como cuando dice que según “el mandato constitucional” todos debemos ser ricos con lo cual justificaría que la salud antes que un servicio público, un derecho humano y ciudadano, es un negocio para que algunos pocos se enriquezcan.

Por otro lado, algunos expertos señalan que el crecimiento de Susalud ha sido tan exagerado que ha convertido a la institución en una hipertrofia ya que su funcionamiento, finalmente, beneficia a los privados porque para presentar una queja es tanto el número de instancias y barreras que se deben sortear que hace prácticamente imposible una sanción en el corto plazo. La “tramitología” al servicio de los privados.

A ello se suma otro hecho. 

Susalud, según ley, tiene la potestad de acreditar a los establecimientos de salud. Nos preguntamos cómo un organismo que avala puede, al mismo tiempo, controlar lo que el mismo acredita. Es más, se dice que se está creando un organismo privado, también supervisado por Susalud, para este fin.

El problema, señalan los mismos expertos, es el apremio. Hoy se está convocando a concurso el puesto de acreditador cuando todavía no existe la norma que fija los parámetros de la función. La urgencia tendría relación, según fuentes confiables, no solo con el corto tiempo que tiene el gobierno para implementar esta reforma privatista sino también con otro apuro, el de la mismísima doctora Philipps quien tendría intenciones de dirigir este nuevo organismo privado de acreditación. Así, un organismo privado con escasa o débil fiscalización pública terminará por acreditar a los privados. El resultado será un sector de salud disminuido y un servicio de salud dominado por los privados y al servicio del “mercado”. Es decir, un negocio que poco o nada tiene que ver con los pacientes y con la salud de los peruanos.