Hace unos días, a raíz de un artículo que escribí sobre los medicamentos y su relación con el Acuerdo Transpacífico (TPP) un amigo me envió el siguiente mensaje: «Estimado Alberto: a ver si hacen algo por los precios de los medicamentos. Yo compro para mi mamá Spiriva todos los meses, y así tiene que ser siempre. El mes antepasado 199, luego 240; ayer he comprado a 264… a lo mejor seguirá subiendo. Imagínese que otras personas que no cuentan con economía, qué suerte que les queda… (Roberto)». Spiriva, para mayor información, es un medicamento que tienen que usar de por vida los pacientes con fibrosis pulmonar. 

El pedido de Roberto, uno de los miles de casos que a diario se presentan en nuestro país, no nos debe extrañar y sí, más bien, indignar. El Perú, junto con Colombia, es el país con las medicinas más caras tanto en la región andina como en América del Sur. Para que se tenga una idea de las diferencias de precios cito unos pocos ejemplos: el Systane, producto de Alcon que usan las personas con el llamado «ojo seco», en Perú cuesta entre 80 y 90 soles, equivalente a US$ 25, mientras que en Ecuador, donde también es importado, su precio es US$ 8.64; es decir, tres veces menos. Igual sucede con el Diovan, indicado para la hipertensión. Aquí, una caja de 28 pastillas cuesta 200 soles mientras que su precio en Argentina es 70 soles. En estos países no hay control de precios.

Y si a esta realidad le sumamos la futura adhesión del Perú al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), es un hecho que la salud pública y el acceso a fármacos genéricos estarán en peligro. Como afirma Alejandro Calvillo en un reciente artículo: 

«El TPP es un gran paso atrás para la salud pública. El acuerdo va a disminuir y retrasar el acceso a medicamentos genéricos.

 Documentos que han sido filtrados señalan que el acuerdo está dominado fuertemente por los intereses de las grandes farmacéuticas dando una mayor protección para sus patentes, prolongando su vigencia, favoreciendo los intereses privados, no la salud pública [...]. Esto tendrá efectos deprimentes e impedirá a los medicamentos genéricos entrar al mercado o hacerlo a mucho mayor costo.

Resultado para los consumidores: medicamentos cada vez más caros y sin opciones genéricas accesibles».

Las transnacionales buscan, por un lado –como señala este mismo autor–, «prolongar la vida de una patente» mediante cambios leves que no añaden beneficios adicionales y, por otro, introducir la llamada «exclusividad de datos» de doce años para un tipo de medicinas que incluye remedios contra el cáncer y vacunas.

Y prohibir a los productores de alternativas genéricas el uso de los estudios clínicos existentes que fueron presentados para aprobar las marcas no genéricas.

VAMOS CON UN EJEMPLO

Un buen ejemplo de las diferencias de precios entre un medicamento genérico y uno de marca fue lo que sucedió en nuestro país con el antirretroviral Atazanavir por el que el Ministerio de Salud debía pagar 29 nuevos soles a la transnacional, pero 1.40 nuevos soles si compraba el genérico en Bolivia.  

Lo que hay que señalar en todos estos casos es que la ganancia de las empresas choca directamente contra el interés y la salud de los individuos. Es un permanente conflicto entre la ganancia de unos pocos y la vida de muchos.

Por eso tampoco nos debe extrañar el enfrentamiento entre la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Organización Mundial de Salud (OMS), que este mismo diario ha titulado «El lío de los niños obesos» (La República, 11/8/15). En este caso el tema es simple:

 los empresarios vienen atrasando el reglamento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, promulgada en 2013, porque la consideran una ley “infundada y de inspiración ideológica anticapitalista”. 

La norma –como señala la nota– establece un control de la publicidad dirigida a menores de 16 años, para desestimular «el consumo inmoderado de alimentos que contengan grasas saturadas (hamburguesas, embutidos, leche entera, dulces); o grasas trans (snacks, papas fritas, palitos, galletas, productos precocidos); o azúcar y sodio en proporciones elevadas. Las bebidas gaseosas, por su exceso de azúcar, están en la lista negra».

Y este tema, como el de los medicamentos, también tiene relación con el TPP. 

Según Calvillo, este tratado también pone en riesgo la seguridad alimentaria: «Borradores del acuerdo señalan que etiquetados –y medidas estatales sobre pesticidas, aditivos, organismos genéticamente modificados y otros etiquetados que explican de dónde viene un producto y cómo fue producido– no pueden ser establecidos argumentando que son barreras al comercio».

 Lo que se busca es impedir que el consumidor esté informado y favorecer a las empresas a costa, al igual que las medicinas, de la salud y la vida de los ciudadanos. En este contexto, tiene mucha razón Manuel Peña, representante de la OPS, que ha expresado que la industria alimentaria debe resignarse a ganar menos porque es una cuestión de salud pública.

Por ello es urgente no solo conocer el contenido del TPP y cómo se está negociando sino, también, ponerlo en la agenda del debate electoral para que no se convierta en la peor herencia que recibiremos de este gobierno.

Diario La República, jueves 13 de agosto